Cómo responsabilizar a los medios sociales de socavar la democracia

El asalto al Capitolio de EE.UU. el miércoles por una turba de insurrectos pro-Trump fue impactante, pero no fue sorprendente para cualquiera que haya seguido la creciente prominencia de los teóricos de la conspiración, los grupos de odio y los proveedores de desinformación en línea. Aunque la culpa de la incitación a la insurrección del presidente Trump recae directamente sobre él, las mayores empresas de medios sociales -más prominentemente mi antiguo empleador, Facebook- son absolutamente cómplices. No sólo han permitido que Trump mienta y siembre la división durante años, sino que sus modelos de negocio han explotado nuestros prejuicios y debilidades y han favorecido el crecimiento de grupos de odio y máquinas de indignación que pregonan conspiraciones. Lo han hecho sin asumir ninguna responsabilidad por cómo sus productos y decisiones empresariales afectan a nuestra democracia; en este caso, incluso permitiendo que se planifique y promueva una insurrección en sus plataformas. Esto no es información nueva. Yo, por mi parte, he escrito y hablado sobre cómo Facebook se beneficia amplificando mentiras, proporcionando peligrosas herramientas de segmentación a los operativos políticos que buscan sembrar la división y la desconfianza, y polarizando e incluso radicalizando a los usuarios. A medida que nos acercábamos a las elecciones de 2020, un coro de líderes de los derechos civiles, activistas, periodistas y académicos escribieron recomendaciones, condenaron públicamente a Facebook y respaldaron en privado propuestas de políticas de contenidos; los empleados dimitieron en señal de protesta; los anunciantes boicotearon; los legisladores celebraron audiencias. Sin embargo, los acontecimientos de la semana pasada arrojan una nueva luz sobre estos hechos y exigen una respuesta inmediata. A falta de leyes estadounidenses que aborden la responsabilidad de los medios sociales de proteger nuestra democracia, hemos cedido la toma de decisiones sobre qué normas redactar, qué hacer cumplir y cómo dirigir nuestra plaza pública a los CEO de empresas de Internet con ánimo de lucro. Facebook escaló intencionada e implacablemente hasta dominar la plaza pública mundial, pero no asume ninguna de las responsabilidades de los administradores tradicionales de los bienes públicos, incluidos los medios de comunicación tradicionales. Es hora de definir la responsabilidad y hacer que estas empresas rindan cuentas por cómo ayudan e instigan la actividad delictiva. Y es hora de escuchar a quienes han gritado a los cuatro vientos sobre estas cuestiones durante años, en lugar de permitir que los líderes de Silicon Valley dicten los términos. Necesitamos cambiar nuestro enfoque no sólo por el papel que estas plataformas han desempeñado en crisis como la de la semana pasada, sino también por cómo han respondido -o no han respondido- los CEO. Las decisiones reaccionarias sobre qué contenidos retirar, qué voces rebajar y qué anuncios políticos permitir han supuesto retoques al margen de la cuestión más importante: un modelo de negocio que recompensa a las voces más ruidosas y extremas. Sin embargo, no parece que exista la voluntad de afrontar ese problema. Mark Zuckerberg no decidió bloquear la cuenta de Trump hasta después de que el Congreso estadounidense certificara a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos. Dado ese momento, esta decisión parece más un intento de arrimarse al poder que un giro hacia una administración más responsable de nuestra democracia. Y aunque la decisión de muchas plataformas de silenciar a Trump es una respuesta obvia a este momento, es una que no aborda cómo millones de estadounidenses han sido arrastrados por las teorías de la conspiración en línea y llevados a creer que estas elecciones fueron robadas, una cuestión que nunca ha sido verdaderamente abordada por los líderes de las redes sociales. Un vistazo al feed de Twitter de Ashli Babbit, la mujer que fue asesinada mientras asaltaba el Capitolio, es revelador. Veterana de 14 años de las Fuerzas Aéreas, pasó los últimos meses de su vida retuiteando a teóricos de la conspiración como Lin Wood -que finalmente fue suspendida de Twitter el día después del ataque (y por tanto ha desaparecido de su feed)-, seguidores de QAnon y otros que pedían el derrocamiento del gobierno. Un perfildel New York Times la pinta como una veterana que luchaba por mantener su negocio a flote y que estaba cada vez más desilusionada con el sistema político. Lo más probable es que las redes sociales hayan desempeñado un papel importante a la hora de conducirla a la madriguera del conejo de las teorías conspirativas, pero nunca sabremos realmente cómo se seleccionó su contenido, qué grupos se le recomendaron, hacia quién la dirigieron los algoritmos. Si el público, o incluso un organismo de supervisión restringido, tuviera acceso a los datos de Twitter y Facebook para responder a esas preguntas, sería más difícil para las empresas afirmar que son plataformas neutrales que se limitan a mostrar a la gente lo que quiere ver. La periodista de The Guardian Julia Carrie Wong escribió en junio de este año sobre cómo los algoritmos de Facebook no dejaban de recomendarle grupos de QAnon. Wong formó parte de un coro de periodistas, académicos y activistas que advirtieron implacablemente a Facebook sobre cómo estos teóricos de la conspiración y grupos de odio no sólo estaban prosperando en las plataformas, sino cómo sus propios algoritmos estaban tanto amplificando su contenido como recomendando sus grupos a sus usuarios. El punto clave es este: No se trata de la libertad de expresión y de lo que los individuos publican en estas plataformas. Se trata de lo que las plataformas deciden hacer con ese contenido, qué voces deciden amplificar, a qué grupos se les permite prosperar e incluso crecer de la mano de la propia ayuda algorítmica de las plataformas. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Llevo mucho tiempo defendiendo que los gobiernos deben definir la responsabilidad por los daños en el mundo real causados por estos modelos de negocio, e imponer costes reales por los efectos perjudiciales que están teniendo en nuestra salud pública, nuestra plaza pública y nuestra democracia. Tal y como están las cosas, no hay leyes que regulen cómo tratan las empresas de medios sociales los anuncios políticos, la incitación al odio, las teorías conspirativas o la incitación a la violencia. Esta cuestión se complica indebidamente por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que ha sido ampliamente sobreinterpretada para proporcionar inmunidad general a todas las empresas de Internet -o "intermediarios de Internet"- por cualquier contenido de terceros que alojen. Muchos argumentan que para resolver algunos de estos problemas, la Sección 230, que data de 1996, debe al menos actualizarse. Pero cómo, y si esto por sí solo resolverá la miríada de problemas a los que ahora nos enfrentamos con los medios sociales, es objeto de un acalorado debate. Una solución que sigo impulsando es aclarar quién debe beneficiarse de la Sección 230 para empezar, lo que a menudo se reduce al debate editor frente a plataforma. Seguir categorizando a las empresas de medios sociales -que curan contenidos, cuyos algoritmos deciden qué discurso amplificar, que empujan a los usuarios hacia los contenidos que les mantendrán comprometidos, que conectan a los usuarios con grupos de odio, que recomiendan a los teóricos de la conspiración- como "intermediarios de Internet" que deberían disfrutar de inmunidad frente a las consecuencias de todo esto es más que absurdo. La idea de que las pocas empresas tecnológicas que dirigen la forma en que más de 2.000 millones de personas se comunican, encuentran información y consumen medios de comunicación gocen de la misma inmunidad general que una empresa de Internet verdaderamente neutral deja claro que ha llegado el momento de actualizar las normas. No son un mero intermediario neutral. Sin embargo, eso no significa que tengamos que reescribir completamente o eliminar la Sección 230. En su lugar, ¿por qué no empezar con un paso más estrecho redefiniendo lo que significa un "intermediario de Internet"? Entonces podríamos crear una categoría más precisa para reflejar lo que estas empresas son realmente, como "curadores digitales" cuyos algoritmos deciden qué contenido impulsar, qué amplificar, cómo curar nuestro contenido. Y podemos debatir cómo regular de forma adecuada, centrándonos en exigir transparencia y supervisión reguladora de las herramientas como los motores de recomendación, las herramientas de segmentación y la amplificación algorítmica, en lugar de la no solución de regular el discurso real. Al insistir en la transparencia real en torno a lo que están haciendo estos motores de recomendación, cómo se está produciendo la curación, la amplificación y la focalización, podríamos separar la idea de que Facebook no debería ser responsable de lo que publica un usuario de su responsabilidad por la forma en que sus propias herramientas tratan ese contenido. Quiero que responsabilicemos a las empresas no por el hecho de que alguien publique información errónea o retórica extrema, sino por cómo sus motores de recomendación la difunden, cómo sus algoritmos dirigen a la gente hacia ella y cómo se utilizan sus herramientas para dirigirse a la gente con ella. Para ser claros: crear las normas sobre cómo gobernar el discurso en línea y definir la responsabilidad de las plataformas no es una varita mágica para arreglar los innumerables daños que emanan de Internet. Es una pieza de un rompecabezas más amplio de cosas que tendrán que cambiar si queremos fomentar un ecosistema informativo más sano. Pero si Facebook estuviera obligado a ser más transparente sobre cómo amplifica los contenidos, sobre cómo funcionan sus herramientas de segmentación, sobre cómo utiliza los datos que recopila sobre nosotros, creo que eso cambiaría el juego para mejor. Mientras sigamos dejando que las plataformas se autorregulen, seguirán limitándose a juguetear en los márgenes de las políticas de contenidos y la moderación. Ya hemos visto que hace tiempo que pasó el momento para eso: lo que necesitamos ahora es reconsiderar cómo se diseña y monetiza toda la maquinaria. Hasta que eso no ocurra, nunca abordaremos verdaderamente cómo las plataformas están ayudando e instigando a quienes pretenden dañar nuestra democracia.

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Resumen.

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